El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decidió acoger a trámite el recurso presentado por consejeros regionales de oposición que solicitan la destitución del gobernador metropolitano Claudio Orrego.
La acción, ingresada el 25 de julio, se fundamenta en el informe de la Contraloría que detectó el uso de recursos del Gobierno Regional de Santiago en actividades presuntamente vinculadas a la campaña de reelección del gobernador, incluyendo asesorías de tipo político que fueron contratadas como “coaching”.
Aunque los abogados de Orrego, Ciro Colombara y Aldo Díaz, habían presentado un recurso de reposición para frenar la ofensiva, el tribunal finalmente lo desestimó, con excepción del voto disidente del ministro Gabriel Ascencio.
Acusaciones y defensas
El consejero regional Álvaro Bellolio (UDI), uno de los impulsores de la medida, señaló a Emol que el gobernador enfrenta dos procesos judiciales paralelos: la solicitud de desafuero y este recurso ante el Tricel, que incluye 17 imputaciones adicionales.
Bellolio recordó además el traspaso de $1.600 millones al exdirector de la Corporación Regional, Alberto Larraín, en 2022, dinero que —según acusa— “desapareció” y aún no ha sido devuelto. “Queremos que esos recursos vuelvan a los vecinos y que se asuman las responsabilidades penales, administrativas y políticas”, afirmó.
Observaciones de Contraloría
En su informe del 4 de junio, la Contraloría detectó pagos por más de $31 millones en asesorías que, pese a figurar como apoyo institucional, estaban orientadas a la contingencia política y electoral. También observó contrataciones directas por más de $200 millones sin acreditar idoneidad de los proveedores ni cumplimiento de las normas de contratación pública.
El proceso judicial abre un nuevo flanco para Orrego, quien ya enfrenta la revisión de su desafuero en la Corte de Apelaciones de Antofagasta el próximo 6 de octubre.
