Los familiares de 65 personas fallecidas en el megaincendio de febrero de 2024 que devastó sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana presentaron una denuncia formal ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acusando al Estado chileno de violación de derechos humanos.
El abogado Felipe Olea, representante de los afectados, explicó que la presentación busca que se designe un veedor internacional encargado de revisar las presuntas vulneraciones de derechos ocurridas durante y después de la catástrofe. La ONU tendría 30 días para responder con dicho nombramiento.
Según Olea, las familias esperan que el organismo internacional exija explicaciones oficiales al Estado de Chile, recomiende medidas de reparación inmediatas y supervise el cumplimiento de compromisos en áreas como vivienda, salud y acceso a la información.
Críticas al manejo estatal
El escrito apunta a una responsabilidad general del Estado, incluyendo al Gobierno central, sus instituciones y municipalidades. Entre las falencias señaladas figuran:
Conaf: por fallas en prevención, modelamiento y gestión de alertas tempranas.
Senapred: por deficiencias en la coordinación y demora en la emisión de órdenes de evacuación.
Gobierno: por omisiones en la respuesta, la reconstrucción y el apoyo psicosocial a los damnificados.
Los denunciantes recalcan que, a más de un año del desastre, miles de familias siguen viviendo en condiciones indignas y sin soluciones concretas en materia de reconstrucción.
“Un abandono intolerable”
“Lo que sienten las familias es un abandono absoluto que agrava el dolor de haber perdido a sus seres queridos. Estamos convencidos de que esta tragedia, que dejó 139 fallecidos y destruyó más de un tercio de la ciudad, es consecuencia directa de la negligencia estatal”, señaló el abogado.
La denuncia sostiene que el incendio y su manejo posterior configuran una violación a los derechos humanos garantizados por tratados internacionales, y pide que la comunidad internacional verifique estas vulneraciones que, según los afectados, el Estado chileno intenta invisibilizar.
