El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, volvió a referirse al caso de Bernarda Vera, militante del MIR calificada como detenida desaparecida en el Informe Rettig, cuyo paradero —según recientes reportajes— estaría vinculado a Argentina y Suecia.
En entrevista con Radio Infinita, Cordero sostuvo que el caso judicial por su muerte se encuentra “sobreseído”, sin responsables procesados, y defendió el beneficio que recibe su hija. “Hasta que eso no se despeje, la situación de la pensión que ella recibe en la actualidad es una situación que no está afectada”, recalcó.
El secretario de Estado pidió mirar con “altura” y evitar “ventajas políticas” a costa del Plan Nacional de Búsqueda, cuyo objetivo —dijo— es reconstruir trayectorias de víctimas de desaparición forzada y entregar certezas a las familias.
Polémica por los antecedentes
El ministro explicó que la investigación periodística de Pascale Bonnefoy fue clave para indagar en testimonios y documentos que abren la posibilidad de que Vera haya abandonado Chile rumbo a Suecia en los años 70 y luego se radicara en Argentina. “En mayo de 2025 se recibieron antecedentes oficiales desde Cancillería que confirmaban la existencia de una mujer con ese nombre y nacionalidad sueca. Posteriormente se detectaron registros de viaje desde Suecia hacia Argentina”, detalló.
A pesar de estos antecedentes, el caso fue remitido recién en junio al ministro en visita Álvaro Mesa Latorre, de la Corte de Apelaciones de Temuco, lo que abrió cuestionamientos sobre la demora en la entrega de información.
Reacciones y críticas
La confirmación de que la hija de Vera continúa recibiendo pensión estatal generó fuerte polémica. En redes sociales, usuarios cuestionaron que se mantengan beneficios “con cargo a los impuestos” cuando aún no se esclarece si la mujer está viva. Otros compararon la situación con episodios anteriores de “falsos exonerados” y exigieron revisar la totalidad de los listados oficiales de víctimas de DD.HH.
Incluso algunos aludieron a propuestas del diputado Johannes Kaiser, quien en el pasado planteó la identificación de osamentas por parte del Servicio Médico Legal para evitar dudas sobre los registros. La discusión instaló la pregunta sobre cuánto se ha pagado en reparaciones que podrían estar en entredicho.
Cordero, en tanto, insistió en que el foco del plan debe estar en “la verdad y el cuidado hacia los familiares”, más que en la controversia política.
