$6 mil millones en convenios: reportaje de BioBioChile revela explosivo aumento de asignaciones del Gobierno a ONG Trekan

Un reportaje de investigación de BioBioChile expuso un fuerte cuestionamiento al explosivo incremento de recursos estatales entregados a la ONG Trekan, que bajo el actual Gobierno ha recibido más de $6.300 millones en convenios, muy por encima de lo que obtuvo en los siete años previos, donde las cifras apenas superaban los $2 mil millones.

El caso encendió las alarmas porque la organización, domiciliada en Limache y fundada en 2015, tiene como presidente del directorio a Jonatán Fuentealba, hermano de Isaac Fuentealba, exasesor del Frente Amplio y excandidato a concejal en Viña del Mar.

La diputada Paula Labra solicitó a Contraloría investigar, asegurando que “más del 80% de los dineros fueron transferidos en esta administración” y advirtiendo que podría configurarse un nuevo “Caso Convenios”.

Cuestionamientos y contratos directos

De acuerdo a los registros revisados por BBCL Investiga, el SernamEG se ha transformado en el principal socio de Trekan, entregando más de $2.200 millones sólo en esta administración. A esto se suman convenios por $998 millones desde la Subsecretaría de la Niñez y $689 millones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El reportaje subraya además episodios polémicos, como en Punta Arenas: tras declararse desierta una licitación porque ningún postulante alcanzó el puntaje mínimo, el programa igualmente fue adjudicado a Trekan mediante un trato directo, levantando nuevas suspicacias sobre la transparencia de los procesos.

La defensa de Trekan

La ONG respondió que el aumento tiene “explicaciones técnicas”, asegurando que muchos convenios adjudicados en 2022 y 2023 corresponden a concursos de años anteriores. También afirmaron que el alza se debe a la mayor experiencia acumulada y a la falta de oferentes en llamados públicos más exigentes.

Trekan sostuvo que no existen vínculos políticos en su operación y que “la ONG no recibe ganancias”, ya que todos los excedentes son reintegrados conforme a la normativa de Contraloría. Además, enfatizaron que su trabajo se centra en personas en situación de vulnerabilidad, con un equipo de casi 200 profesionales desplegados en proyectos entre Arica y Punta Arenas.