El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, instaló en la agenda el déficit de mano de obra en el agro y llamó a un proceso acotado de regularización para inmigrantes que ya trabajan en Chile y cumplen requisitos. “Sé lo que estoy diciendo, es muy poco popular, pero es la única medida realista”, afirmó.
Walker describió un faltante estructural: la cadena agrícola —entre empleos directos e indirectos— requiere cerca de 1,5 millones de personas para sostener exportaciones por US$13.500 millones. Solo la próxima temporada de cerezas (140 millones de cajas) demandará 350 mil trabajadores, además de labores intensivas como podas, ajustes de carga y packings.
“No tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para todas esas tareas… por eso los países necesitan migrantes”, dijo. Agregó que Chile tiene cerca de 10% de población inmigrante y un universo indeterminado de irregulares que podría ubicarse entre 500 mil y 800 mil.
Regularización “acotada” y con filtros
El exministro precisó que no propone un “perdonazo”, sino criterios estrictos: antecedentes limpios, vínculo familiar o laboral y trazabilidad. Recordó programas acotados del gobierno anterior y citó el registro de 200 mil personas que se autodenunciaron para regularizar su situación laboral y familiar.
Delitos y expulsiones
Walker marcó una línea roja: expulsión prioritaria para quienes delinquen —homicidios, drogas, crimen organizado— y nada de criminalizar a familias que trabajan. “Es imposible expulsar a todos los irregulares; ningún país lo ha logrado”, sostuvo, insistiendo en ordenar y formalizar a quienes aporten al país, incluidos profesionales.
El nudo del debate
La propuesta tensiona posiciones entre quienes ven en la formalización una vía para reducir la precariedad y asegurar cotizaciones, y quienes temen un efecto llamada y presión sobre los servicios públicos. Para el gremio, el punto es evitar paralizar una industria estratégica y dar cobertura legal a trabajadores que ya están en faenas.
