La Fiscalía Regional de Antofagasta ingresó este jueves ante la Corte de Apelaciones de esa ciudad una solicitud de desafuero contra el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en el marco de la investigación por el denominado caso ProCultura.
El requerimiento, presentado por el fiscal regional Juan Castro Bekios, busca habilitar la formalización del jefe regional por presuntos delitos de cohecho y fraude al fisco, de acuerdo con lo informado por T13.
El trasfondo: convenios y observaciones de Contraloría
El expediente se origina en un convenio mediante el cual la fundación ProCultura se adjudicó más de $1.800 millones para distintos proyectos, de los cuales $1.000 millones no habrían sido rendidos ni devueltos al Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM).
La gestión de Orrego ya venía siendo cuestionada por consejeros regionales de oposición y por informes de la Contraloría, que detectaron gastos eventualmente asociados a actividades políticas y de campaña, además de contrataciones directas sin sustento normativo. La fiscalización, que abarcó enero a septiembre de 2024, incluyó también otras cinco gobernaciones.
En el caso del Gore RM, el órgano contralor observó:
$31 millones por una asesoría denominada “gestión institucional GS 2024”; al revisar las sesiones, se registraron referencias a contingencia política y a la campaña de reelección de Orrego, no a coaching como indicaba el contrato.
Más de $51 millones en trato directo para bienes y servicios sin justificar el cumplimiento de la normativa.
Irregularidades en dos contratos: uno por más de $46 millones sin acreditar condiciones contractuales, y otro por más de $109 millones sin respaldo de la idoneidad del proveedor.
Disputa por pólizas de garantía
Además, el Gore RM mantiene un conflicto con la aseguradora Porvenir S.A. (Aspor) por el cobro de cinco pólizas de garantía ligadas al convenio con ProCultura. Las garantías fueron exigidas tras la terminación anticipada del proyecto “Quédate”, orientado a la prevención del suicidio.
La solicitud de desafuero abre un nuevo frente para Orrego, mientras la Corte de Apelaciones fija calendario para resolver si pierde la inmunidad necesaria que permitiría su imputación formal en la causa.
